Diario de la Guerra de Espana

En vez de esto, junto con los combatientes, entre un gran estrépito de fusilería, pasando por delante de los portales —llenos de esculturas— de los pequeños palacios, por delante del armazón de un automóvil despanzurrado en cuyo interior hormigueaban y jugaban los niños, pasando por delante de trastos viejos, de muebles, armarios, un piano, colchones sacados a la calle de las casas derrumbadas, subió hasta la plaza de Zocodover, que llega al muro de la fortaleza del Alcázar.

El centro de la plaza estaba batido por el fuego de los sediciosos; bajo los arcos, todo estaba roto; las balas saltaban por los montones de cristales y levantaban nubecillas de polvo. Por tres partes, en las entradas a la plaza, había barricadas; ante ellas, en blandos sillones de felpa, en mecedoras, estaban sentados los tiradores con gorros rojinegros, con corbatas también rojinegras. El estrépito de fusilería era debido a que a las barricadas había acudido un tropel de operadores cinematográficos y periodistas. Ahí estaba el corpulento francés borracho de Barcelona, cariculón con dos aparatos tomavistas y un ayudante; estaban los norteamericanos de la Fox-Movietone y los fotógrafos españoles de Madrid. Mandaron a los milicianos que adoptaran buenas poses, que apuntaran con el fusil, que dispararan. Los sediciosos del castillo creyeron que se trataba de un ataque y empezaron a rechazarlo.

Junto a las barricadas y por las callejuelas vagaban corresponsales de prensa, escritores, artistas. Entrevistaban a los anarquistas, los dibujaban en los álbumes, les hacían preguntas acerca de lo que habían experimentado. Habían acudido Andrée Viollis y, con ella, Georges Soria, de L'Humanité; el larguirucho corresponsal del Daily Workery varios grandes campeones periodísticos de Estados Unidos. Discutían acerca de cuándo podrá ser tomada la fortaleza, acerca de las cuestiones de principio que plantea el acto de los fascistas al encerrar consigo en la fortaleza, como rehenes, a esposas e hijos de obreros toledanos. Viollis y Soria lo consideraban una muestra del cinismo fascista. Los norteamericanos pretendían demostrar que cualquier otro en lugar de los sitiados habría hecho lo mismo. «It is logical»,exclamaban. Luego todos juntos fueron a buscar la comida, pero en el hotel ya habían tenido tiempo de tragársela los operadores cinematográficos.

7 de septiembre

La fábrica metalúrgica de la Compañía Comercial de Ñeros, en Madrid, ha sido «incautada». Nadie puede traducir a ningún idioma la palabra «incautación».

Por su sentido aproximado, significa «tomar en manos». Se incautan el Estado o los sindicatos o los comités del Frente Popular. Son objeto de incautación las fábricas, los grandes almacenes, los depósitos, la maquinaria industrial y agrícola e incluso las redacciones de los periódicos.

La incautación, en casos distintos, se debe a causas y motivos diferentes.

Se trata, ante todo, de la dirección de empresas abandonadas por sus dueños, fascistas, que han huido.

También se trata de la requisa de la producción de importancia militar, directa o indirecta.

Es, asimismo, apoyo a las ramas de la industria y del comercio que, debido a la sublevación y a la situación militar, se ven obligadas a cerrar sus fábricas, condenando a su personal al paro.

A veces es, simplemente, arbitrariedad, inútil por añadidura, cuando son incautadas empresas pequeñas y tiendecitas.

Son también distintos los grados y formas de incautación.

Puede ser confiscación total de la empresa o su requisa temporal, así como la denominada «intervención», o sea, la intromisión en el trabajo de la empresa mediante el nombramiento de un representante del Estado o de los sindicatos, con amplios poderes.

Igualmente puede ser el envío de un interventor del Estado para que examine la contabilidad de la empresa.

Es, sobre todo, el control obrero de la empresa bajo la dirección del sindicato; control que a menudo se convierte en administración completa.

Todos los aspectos de dirección estatal y social de las empresas privadas se encuentran unidos en el Consejo Nacional de Incautación, dependiente del gobierno de la República. Del Consejo forman parte representantes de todos los departamentos y de todos los partidos del Frente Popular. De todos modos, en este terreno hay poco orden. El Consejo no dispone de datos precisos acerca de cuántas y cuáles empresas han sido incautadas. Cataluña posee su comité, y por ahora no ha presentado datos. Según un cálculo aproximado, en todo el territorio libre de sediciosos, habrá unas dieciocho mil unidades incautadas. De ellas, dos mil quinientas en Madrid, unas tres mil en Barcelona. Estas cifras, a mi entender, están reducidas por lo menos a la mitad.

En Madrid, están por completo incautadas, en primer lugar, todas las empresas importantes de la industria pesada —del metal, químicas, del combustible—; en segundo lugar, todos los tipos de transporte, su reparación y el servicio; en tercer lugar, las grandes casas de comercio al detall —grandes almacenes, consorcios de las tiendas de pan, cantinas, bares—; en cuarto lugar, los servicios comunales —luz, gas, agua, teléfonos, que se encontraban en manos de compañías privadas—; en quinto lugar, fábricas de distinta clase y tiendas abandonadas por sus dueños, que han huido.

Los objetivos inmediatos del Consejo de Incautación consisten en adaptar toda la producción de las empresas por él dirigidas, a las necesidades de la defensa, liberarse de la importación de ciertas clases de materias primas y semifabricadas, asegurar el abastecimiento del frente y de la retaguardia. Pero el Consejo influye también sobre empresas menos importantes. Por ejemplo, concede empréstitos bancarios a empresas de importancia secundaria, cuyos propietarios las han dejado sin capital en circulación, o se mezclan en las finanzas de la empresa asegurando el pago de los salarios.

En la fábrica de la Compañía Comercial de Ñeros, que he visitado, las cosas han ocurrido así. La fábrica contaba con mil obreros, producía construcciones de hierro, armazones para hormigón y cajas fuertes. Pertenecía a una sociedad anónima española con un capital de seis millones de pesetas. Cuando se produjo la sublevación fascista, la fábrica se encontraba en la sexta semana de huelga —los obreros pedían un aumento del ocho por ciento de los salarios y la reducción de la semana de trabajo, de cuarenta y cuatro horas a cuarenta—. La mayoría de los obreros —las dos terceras partes— pertenece a la Unión General de Trabajadores (socialistas). Al día siguiente de terminarse las luchas en la calle, los representantes de la Confederación Nacional del Trabajo (anarquistas) se presentaron con sus obreros en la fábrica vacía y empezaron a producir carrocerías para automóviles blindados. Durante varios días hubo mucha confusión. Se celebró un mitin de toda la fábrica; se reeligió el comité. De los once miembros presentados por los talleres, ocho son de la UGT, entre ellos tres comunistas, y tres son miembros de la CNT. El comité de fábrica echó a la gente extraña y reanudó el trabajo.

El 25 de julio apareció el decreto gubernamental acerca de las incautaciones. Se presentó en la fábrica un representante del Comité Nacional de Incautación, un ingeniero joven, no metalúrgico, republicano. De acuerdo con él, el comité de la fábrica dispuso que la empresa produjera trenes blindados.